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La entrada en vigor inminente del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de la Unión Europea (UE) para el sector marítimo ha generado una gran preocupación y una alerta en el ámbito portuario. Autoridades portuarias, terminalistas, operadores y representantes del negocio marítimo del sur de Europa se han congregado en el puerto de Barcelona para expresar su preocupación y solicitar modificaciones a la normativa antes de su implementación, programada para enero del próximo año.
Álvaro Rodríguez, presidente de Puertos del Estado, ha expresado su escepticismo acerca de la eficacia del ETS. En una jornada organizada por el Puerto de Barcelona, Rodríguez señaló que este sistema, que busca regular las emisiones de carbono en el sector marítimo, se percibe más como una medida recaudatoria que como una estrategia verdaderamente efectiva.
Dapena, ha destacado la necesidad de incluir la petición de una modificación en la agenda de los ministros europeos en los consejos de diciembre. Rodríguez Dapena aboga por lograr que se incluya en las actas de estos consejos una frase que inste a la Comisión Europea a realizar cambios de manera urgente.
La estrategia incluye la colaboración con el Estado francés, cuyo voto se considera crucial, y el diálogo con las autoridades belgas, próximas en ostentar la presidencia de la UE después de España. La propuesta busca obtener una moratoria de al menos dos años, tiempo durante el cual se espera que la configuración del Parlamento Europeo y la Comisión Europea cambien, lo que podría abrir la puerta a reconsiderar la normativa.
Otros dirigentes portuarios y marítimos, como el presidente del puerto de Barcelona, Lluís Salvadó; el presidente del puerto de Algeciras, Gerardo Landaluce; el consejero delegado de Grimaldi en España, Mario Massarotti; el responsable de la terminal Best de Barcelona, Guillermo Belcastro; la secretaria general de la European Sea Ports Organisation (ESPO) Isabelle Ryckbost, y el representante de Relaciones Estratégicas del European Shippers Council, Jordi Espín, han participado activamente en esta reivindicación.
Aunque algunos esperan cambios en las próximas semanas, otros expresan escepticismo ante la posibilidad de revertir la decisión tomada a un nivel elevado de la UE.
El ETS, en vigor desde mayo de 2023, se extenderá al sector marítimo a partir del 1 de enero de 2024, imponiendo un límite a las emisiones de carbono y gravando las emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos que escalan en la UE.
Rodríguez respalda la meta de reducción de emisiones, pero cuestiona la implementación actual. Advierte que la normativa podría resultar contraproducente, generando rutas más largas y, paradójicamente, más contaminantes, ya que las navieras buscarían evitar las tasas portuarias europeas.
Lluís Salvadó, presidente del Puerto de Barcelona, se une al coro de voces pidiendo más tiempo para la aplicación del ETS. Aunque comparten la intención de incentivar la descarbonización de las flotas, consideran necesario modificar el texto original para evitar posibles desvíos en las rutas marítimas. Salvadó aboga por una moratoria hasta que se introduzcan cambios que reduzcan el riesgo de desvío del tráfico marítimo.
La oposición no es solo local. Zeno D’Agostino informa que los gobiernos de Italia, Grecia y Portugal han expresado su desacuerdo ante la Comisión de la UE. D’Agostino espera una reacción en las próximas semanas. Destaca que solo el transporte marítimo de alta mar sufrirá el impacto negativo de esta directiva, y prevé que el tráfico se vea modificado a partir de principios de 2024.
Isabelle Ryckbost, secretaria general de la European Sea Ports Organisation (ESPO), analiza que el ETS afecta especialmente a los puertos mediterráneos, aunque reconoce que las preocupaciones expresadas por el Puerto de Barcelona son compartidas por las infraestructuras marítimas del norte. Insta a los representantes portuarios a compartir información relevante con la ESPO para poder trasladarla a la UE.
La jornada incluyó una mesa redonda con la participación de los destacados representantes del sector. Aunque todos coinciden en la necesidad de que los responsables de la contaminación asuman su responsabilidad económica, advierten que la normativa perjudicará al sector, especialmente en términos de competitividad, ya que la UE no ha tenido en cuenta la seguridad económica de las empresas dedicadas al ámbito marítimo.
En medio de estas preocupaciones, la incertidumbre reina en el horizonte de las navieras, quienes buscan adaptarse a un nuevo panorama normativo que, según algunos, podría tener consecuencias no deseadas para la industria y para el medio ambiente global.
En un contexto donde cada segmento del modo marítimo anticipa efectos particulares del ETS, los participantes en la jornada han instado a la colaboración intersectorial en caso de no lograr la moratoria. Desde la fuga de transbordos hasta la pérdida de cuota para el short sea shipping, los actores del sector están llamados a buscar acuerdos internos para competir en un mercado que se prevé cambiar drásticamente con la entrada en vigor de esta normativa europea. El panorama se presenta incierto, y la presión sobre la Comisión Europea persiste en busca de ajustes que mitiguen los impactos negativos en la industria marítima del sur de Europa.
